Proyección y análisis de las salidas alternas: a un año de su implementación en el Sistema Acusatorio en Sinaloa

Lauro Julio Rodríguez Esparza



Resumen: Muy importantes son las salidas alternas en el nuevo proceso penal acusatorio en México, en Sinaloa se implementó hace poco más de un año, por ello, nos adentraremos en conocer los resultados de las estadísticas oficiales, donde reflejan la realidad operativa del Estado en la aplicación de estas fórmulas procesales, que conllevan a terminar una controversia criminal sin utilizar el proceso judicial y la punición. Posteriormente observaremos el avance de la implementación a nivel local en Sinaloa, y finalmente, analizamos las referencias estadísticas que nos plantea la Procuraduría General del Estado de Sinaloa, en sus resultados a un año de implementarse gradualmente en los municipios de las regiones del Évora y en seis meses de operatividad en la región norte del Estado.

Palabras clave: Sistema acusatorio, salidas Alternas, implementación en Sinaloa.

Abstract: Very important are alternative solutions in the new accusatory criminal proceedings in Mexico, in Sinaloa was implemented just over one year, therefore, we will enter the results of official statistics, they reflect the operational reality of the State in the application of these procedural formulas that lead to end a criminal dispute, without using the trial and punishment. Then we observe the progress of implementation at the local level in Sinaloa, and finally analyze statistics references posed by the Attorney General of the State of Sinaloa, in its results a year of gradually implemented in the municipalities of the regions of Evora and six months' operation in the northern region of the state.

Keywords: Accusatory system, alternative solutions, implementation in Sinaloa.

I. Introducción

La proyección del sistema acusatorio en México, tiene un sustento en las salidas alternativas de solución de controversias para alcanzar el éxito en su implementación, así mismo, las salidas alternativas de solución de controversias en materia penal tienen inferencia en la filosofía jurídica de la justicia restaurativa. Por ello iniciaremos con esa proyección, de los principios rectores de la justicia restaurativa, la inclusión de las salidas alternas en los modelos de sistema acusatorio, para luego plantear las estadísticas que nos arroja la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa a un año de iniciar la implementación gradual del sistema acusatorio en las regiones del Évora y a seis meses en la región del norte del Estado. De dichas estadísticas, analizaremos las políticas diversas que está utilizando el órgano operador de las salidas alternativas de solución de controversias, conjuntamente con los Ministerios Públicos y Jueces de control, y finalmente plantearemos nuestra opinión académica sobre los resultados que ofrece el Estado de Sinaloa, a un año de operación de las regiones señaladas.

II. Proyección de las salidas alternas en el sistema acusatorio

Las corrientes filosóficas de la justicia restaurativa, que desde el seno de la Organización de las Naciones Unidas ha impulsado hacia los países miembros desde el año 2002, llegaron a México a algunas entidades federativas, entre ellas Chihuahua, Coahuila, Morelos, antes de las reformas constitucionales de junio de 2008, donde incluyeron dentro de la estructura de su nuevo proceso penal acusatorio a la justicia restaurativa. Así mismo, la utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias, o sea las salidas alternas, se comenzaron a utilizar desde 1997, originalmente en el Estado de Quintana Roo, y se fueron proyectando hacia toda la República, incluyendo cada entidad su propio marco normativo y sus propios centros estatales de justicia alternativa, en los cuales se atienden y diluyen controversias del orden civil, mercantil, familiar, y penal, que hasta el 2016 la excepción es Sinaloa, con la aclaración pertinente; en esta entidad ahora se aplican las salidas alternas, pero solamente en materia penal y de forma gradual, producto de la implementación del sistema acusatorio a partir de octubre de 2014.

Dentro de la justicia restaurativa, que es utilizada en materia criminal se tienen ciertas bases filosóficas, en esto citamos a Howard Zehr: “Sin embargo, el interés básico por las necesidades y los roles de víctimas, ofensores, y otros miembros de la comunidad sigue siendo el eje central de la teoría y la práctica de la justicia restaurativa”.

Es decir, que la justicia restaurativa proporciona un espacio dentro del proceso penal en el cual participan la víctima y el infractor, así como miembros de la comunidad para resolver y atender principalmente las afectaciones que produjo el hecho criminal.

Dentro de esta filosofía de la justicia restaurativa se proyectan las salidas alternativas de solución de controversias, sin embargo otro aspecto que nos presenta Howard Zehr es el siguiente: “Hay tres conceptos fundamentales o pilares que merecen ser tratados con mayor profundidad: los daños y necesidades, las obligaciones y la participación”.

Por consiguiente es de vital importancia como se ha citado, que los encuentros de justicia restaurativa tienen que ser con responsabilidad de quienes participan en los encuentros. El mismo Zehr nos proyecta la justicia restaurativa en los siguientes principios:

*Centrarse en los daños y en las consiguientes necesidades de las víctimas, pero también de las comunidades y de los ofensores.
* Atender las obligaciones que estos daños conllevan, tanto para los ofensores como para las comunidades y la sociedad.
* Usar procesos incluyentes y colaborativos.
* Involucrar a todos aquellos que tengan un interés legítimo en la situación, lo que incluye a las víctimas, a los ofensores, otros miembros de la comunidad y a la sociedad en general.
* Procurar enmendar el mal causado.

Abundando en la proyección que tiene la justicia restaurativa, que en su funcionalidad propone el uso de la metodología de la mediación, anotamos el comentario de Elías Neuman:

Lo que se propone con la mediación, que se define como un instrumento informal y rápido de solución de conflictos en que se intenta salvaguardar los derechos de los actores del drama penal, es llegar a un proceso restaurativo que conduzca a la conciliación que restañe, por extensión, las desgarraduras sociales, que sin duda produce un delito, dentro de un marco irrestricto de los derechos humanos. Esa conciliación adquiere su máxima dimensión humana y social cuando se reproduce un pedido de perdón o cuando, además del resarcimiento económico aún simbólico, se ingresa a la reconciliación. Es el logro máximo.

Estas orientaciones filosóficas se proyectan en la Declaración de Viena por la Organización de Naciones Unidas, en el Consejo Económico y social de fecha 7 de enero de 2002, donde se redacta lo siguiente:

1. Por ‘programa de justicia restaurativa’ se entiende todo programa que utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados restaurativos.
2. Por ‘proceso restaurativo’ se entiende todo proceso en que la víctima, el delincuente y cuando proceda cualesquiera otra persona o miembros de la comunidad afectado por el delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas por el delito, por lo general con ayuda de un facilitador. Entre los procesos restaurativos se puede incluir la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir sentencias.
3. Por ‘resultado restaurativo’ se entiende un acuerdo alcanzado como consecuencia de un proceso restaurativo. Entre los resultados alcanzados se pueden incluir respuestas y programas como la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad, encaminados a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes a lograr la reintegración de la víctima y el delincuente.

Sobre este tema, ponemos atención en que los expresidentes de la República; Vicente Fox y Felipe Calderón, incluyeron en sus iniciativas del modelo acusatorio un apartado de justicia restaurativa, atendiendo las orientaciones de la ONU, donde se incluían a la justicia restaurativa y las salidas alternativas, como parte importante del modelo de proceso penal acusatorio, sin embargo, también hay que señalarlo, en la reforma constitucional de 2008 no se plasma a la justicia restaurativa, solo se apertura a las salidas alternas dentro del artículo 17 constitucional reformado, quedando de alguna manera limitada la reforma.

Para entender la importancia del cambio al paradigma del proceso penal acusatorio, tenemos que plantear su valoración cultural, teórica y práctica, en este proceso de transición en la construcción y operatividad del nuevo modelo de justicia penal, Moisés Moreno nos cita:

[…] qué tanto esos diversos problemas que plantea el sistema de justicia penal se pueden superar, y en qué medida las exigencias de ser más eficiente y de mayor calidad se pueden satisfacer con las reformas que se proponen. En otras palabras, qué tanto las nuevas reformas constitucionales realmente pueden ser una respuesta adecuada a las expectativas sociales, frente al problema de inseguridad pública; en fin, qué tanto los objetivos comunes que motivaron la reforma realmente se pueden alcanzar con las bases que se plasman en la constitución.

Se espera por el Estado mexicano que el nuevo proceso penal acusatorio cumpla nuevas expectativas para la sociedad, entre ellas; hacer transparentes los procesos, que haya mejor justicia sobre todo para las víctimas u ofendidos, que se reparen los daños. El Estado reconoce dentro de la Guía de Consulta el problema de injustica e inseguridad y señala lo siguiente: “En México existe una desconfianza extendida en el aparato de justicia, ya que las instituciones públicas han sido permeadas por la delincuencia, los procesos y juicios penales son burocráticos y lentos, escritos en expedientes interminables, y las cárceles son inseguras, no garantizan la reinserción social y son las “universidades del crimen”. Esta es la realidad que es aceptada por el Estado mexicano, por ello ahora se tienen nuevos objetivos planteados en la reforma dentro de la misma Guía de Consulta que señala: “Los objetivos son ajustar el sistema a los principios de un Estado democrático de derecho, como defender las garantías de víctimas y acusados y la imparcialidad en los juicios, así como implantar prácticas más eficaces contra la delincuencia organizada y en el funcionamiento de las cárceles. Asimismo, adaptar las leyes penales a compromisos internacionales de México”.

Esta proyección que hace el Estado mexicano, permea diversos cambios estructurales, políticos, jurídicos, y culturales, por ello anotamos la referencia de García Silva:

El reto institucional: La reforma requerirá no sólo una cuantiosa inversión de recursos para estructurar instalaciones, sino también cambios en los procesos de gestión institucional. Debemos realizar una reingeniería en nuestras instituciones de seguridad y justicia penal.

Reto Cultural: Plantea un cambio de mentalidad en todos los operadores del sistema de justicia penal – policía, Ministerio Público y juzgadores-, por lo que se requerirá un intenso y prolongado proceso de capacitación y formación de nuevos cuadros para garantizar que este sistema se arraigue en nuestra cultura jurídica.

Esto implica cambios culturales para toda la sociedad, particularmente en los juristas, de conocer la funcionalidad operativa del nuevo proceso penal acusatorio y desde luego las bondades de las salidas alternativas de solución de controversias en materia criminal.

Respecto a ese cambio en la practicidad del modelo acusatorio, hay que señalar que las salidas alternas juegan un rol de importancia para alcanzar las expectativas y éxito esperado en el nuevo proceso penal acusatorio, por ello citamos a Jorge Witker y Natarén Nandayapa:

Debe destacarse que existe una relación directa entre la eficacia de las salidas y el éxito del nuevo modelo. De acuerdo con los datos del Centro de Estudios para la Justicia de las Américas, las salidas alternas han sido usadas en los Estados donde ha existido reforma procesal penal, con la siguiente frecuencia: Córdoba 1%; Costa Rica 64%, Chile 61%; Ecuador 2%; El Salvador 26%; Guatemala 4%; Paraguay 10%.
Resulta muy significativo que donde encontramos su mayor utilización por parte de los ministerios públicos es en Costa Rica y Chile, y que es menor en Guatemala y Ecuador, países que han sido señalados como un fracaso en la implementación de la reforma.

Apreciamos de las referencias comparativas de algunos países Latino Americanos, que los países que han tenido mejores resultados en su implementación procesal de un sistema acusatorio, son aquellos que han sabido impulsar y manejar eficientemente las salidas alternas al proceso penal, ésta es una razón de importancia por la cual analizaremos la aplicación de las salidas alternas en ese periodo de transición en el Estado de Sinaloa.

Ampliando las perspectivas de esta reforma para su eficaz implementación, tenemos que subrayar la importancia que esto representa, al respecto nos refiere Vidaurri Arechiga: “No puede dejar de reconocerse que se trata de una reforma constitucional de la mayor importancia para el sistema jurídico penal mexicano, sin duda, marcará un antes y un después para el sistema penal nacional; es pues, un auténtico parteaguas”. No solo el cambio es para los operadores del sistema, sino también en los litigantes, las universidades y la propia ciudadanía.

Cada operador del sistema y la propia sociedad debe ser vinculante y asumir el reto, en la medida de nuestra responsabilidad con el nuevo sistema de justicia penal, en el caso particular, como académico estamos trabajando en la reestructuración de planes de estudio, y vemos a futuro, donde esperamos encontrar un país donde haya justicia, se erradique la impunidad y los vicios de la herencia de corrupción que permea en el entorno jurídico penal.

Las reformas constitucionales de 2008 establecen la exigencia para que las entidades federativas realicen su preparación para la implementación del nuevo sistema acusatorio penal, donde se debe de partir con la capacitación de los operadores respectivos en los diferentes ámbitos de competencias, sean las diversas corporaciones policiacas, los agentes del ministerio público con sus investigadores y el personal de periciales. También se espera una verdadera capacitación en el personal del Poder Judicial, jueces, magistrados y personal administrativo.

Moisés Moreno nos aclara la importancia que deben tener las legislaturas de los estados en la construcción del nuevo modelo de justicia, para poder alcanzar esos objetivos constitucionales, por lo que citamos lo siguiente:

Y será precisamente en los códigos procesales penales –pero también en los penales- donde se procurará, en primer lugar, precisar los alcances de los diversos contenidos constitucionales, así como los criterios político-criminales en que sustenta la reforma, procurando mantener la coherencia interna que en todo ordenamiento jurídico debe prevalecer.

Cuando se habla del cambio normativo para la adecuación del nuevo sistema constitucional, García Silva señala que es el primero de los retos que tienen para la sistematización legal para la reforma de 2008, en el siguiente comentario: “Supone la adecuación de la normatividad secundaria para aplicar las reformas constitucionales. De no hacerlo en forma adecuada, se generarán más problemas de los que se intenta superar. Lo anterior implica modificar y crear por lo menos 21 leyes diferentes, tanto en el nivel federal, como local”.

Ante este panorama, y en función de la diversidad de leyes estatales, tanto de procedimientos penales como de salidas alternativas, se tomó la decisión política de crear un código procesal único, cuyo resultado fue el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en marzo de 2014 y el 29 de diciembre de ese año se publica la Ley Nacional de Mecanianismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

III. Marco Jurídico de las salidas alternativas

Como parte de las reformas, encontramos el fundamento jurídico de las salidas alternas en el artículo 17 constitucional que señala en su párrafo IV: Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Esta es su fuente formal, en ello se estima que para la materia penal se ejercen los mecanismos a través de la filosofía de la justicia restaurativa, en ello citamos a Rivero Ortiz:

[…] en el texto que se propone del artículo 17, se establecen los mecanismos alternativos de solución de controversias que son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los procesos jurisdiccionales para la solución de controversias, entre otros la mediación, conciliación y arbitraje, permitirán en primer lugar cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo; también servirán… para que las víctimas obtengan de forma más rápida la reparación del daño […].

Observamos de esta cita, que en la comisión de puntos constitucionales se tenía la idea clara que mediante la reforma al artículo 17 constitucional, se proyectaba el nuevo paradigma de la justicia restaurativa, mediante la utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación y conciliación, privilegiando mediante la responsabilidad personal del infractor, la restauración de las afectaciones a la víctima, y a la vez recomponiendo el tejido social.

En cuanto a las salidas alternas, el Código Nacional de Procedimientos Penales les clasifica de la siguiente forma; Libro Segundo, Título I, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada, Capítulo I Disposiciones comunes, Artículo 184 Soluciones alternas.16 Donde nos señala que son formas de solución alterna del procedimiento, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. A su vez, el artículo 186 del Código Nacional de procedimientos Penales define: “Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal”. La suspensión condicional del proceso es definida por el Código Nacional de procedimientos Penales:

Artículo 191. Definición

Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal.

La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, establece la finalidad:

Artículo 1. Objeto general

[…] Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.19 Posteriormente redacta la misma ley se establece que los mecanismos alternativos son la mediación, conciliación y la junta restaurativa.

Encontramos cierta incongruencia legislativa en esta Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, por lo siguiente; el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que son formas de solución alternativa al procedimiento los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Sin embargo, la regulación en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, solo se aplica para la salida alterna de los acuerdos reparatorios, y resulta inaplicable para la suspensión condicional del proceso, con lo cual nos encontramos ante una antinomia legislativa.

ZIV. Política del Estado de Sinaloa en la implementación al sistema acusatorio

En el caso de Sinaloa, hasta el año 2012 se iniciaron los trabajos legislativos de la reforma, aprobándose el nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado en el decreto 738, de fecha 25 de enero de 2013. Notoriamente en este decreto, no se modifican las leyes secundarias que implican la reforma integral. En la presentación de este código adjetivo ante la comunidad por el Congreso del Estado, hubo comentarios de expertos donde se le cuestionó la norma adjetiva estatal porque en varios apartados violentaba derechos fundamentales. Sin embargo, no se puso en vigor esta norma, ya que cuando se realizó la Declaratoria de la implementación del sistema, ya se contaba con el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en marzo de 2014.

La capacitación para los próximos operadores institucionales del sistema acusatorio, se inició de manera difusa, por un lado, la Procuraduría General de Justicia del Estado planteó una política de capacitar a no más de cinco agentes del Ministerio Público de manera muy completa, otorgándoles cursos en la ciudad de México, en los Estados Unidos, y aquí en la capital estatal Culiacán, Sinaloa, trayendo a expertos en litigación oral, algunos penalistas nacionales destacados, todo ello para formarlos adecuadamente. La idea original fue, que se convirtieran en monitores, es decir, reproductores de la capacitación para todos los aspirantes a agentes que se incursionaran gradualmente en el sistema acusatorio en Sinaloa.

Sin embargo, el tiempo no les alcanzó para capacitar adecuadamente a todos los nuevos jóvenes agentes aspirantes a Ministerio Público, se puso en marcha la implementación en la región de Angostura, y los agentes capacitados fueron asignados a operar, dejando parcialmente la debida capacitación para los nuevos Ministerios Públicos, incluso la Procuraduría contrató personal del Estado de Chihuahua para iniciar operaciones en el centro de justicia de Angostura.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa, inició una política de capacitación masiva, en la cual se invitó a los jueces penales en funciones, teniendo un resultado desalentador, muchos de ellos no asistieron regularmente a esos primeros cursos, algunos otros jueces ni siquiera asistieron a los mismos. Posteriormente empezaron a capacitar más selectivamente a personal del tribunal del Estado, proporcionándoles cursos en Culiacán, Sinaloa, como en otras entidades federativas.

Otro reto se presentó, en cuanto a la selección y capacitación de los nuevos operadores del sistema penal que antes no se tenían, nos referimos a los que tienen ahora la responsabilidad de realizar los encuentros de los mecanismos alternativos de solución de conflictos penales, así como su personal de seguimiento y evaluación. Resultó complicado proporcionarles una completa y adecuada preparación, comenzando por el hecho de que en la estructura de la procuraduría no contaba con personal experto en la materia de justicia alternativa y restaurativa.

En la convocatoria para el grupo de facilitadores, se seleccionaron algunas personas de la entidad que ya contaban con preparación en los mecanismos alternativos, y se tuvieron que contratar expertos de otras entidades federativas para capacitar a los aspirantes a facilitadores. Sin embargo, planteamos que la selección de quienes van a fungir como facilitadores, debe ser exigente por el perfil que demanda esta actividad, ya que se requieren personas de la más alta calidad humana, con espíritu de servicio, empáticas, y con diversos valores humanos, para poder realizar una función de eficiencia como mediadores o conciliadores, independientemente de su capacitación en las metodologías y estrategias de las salidas alternas.

Cabe destacar, que esta función de los facilitadores es de suma importancia debido a que todavía no contamos en Sinaloa, la inclusión cultural o jurídica de la justicia alternativa, como tampoco con una experiencia abundante que dé respuesta a las exigencias que se espera, conforme a las perspectivas del nuevo embalaje del proceso penal acusatorio. Por ello, se espera por el Estado y la sociedad, que estos nuevos operadores que pertenecen a las Procuradurías en los Órganos de justicia alternativa, respondan con probidad esta función tan importante.

Por otro lado, con la declaratoria que realizó el Estado de Sinaloa para la implementación del sistema acusatorio, se iniciaron operaciones el 15 de octubre del 2014, en los municipios de la región del Évora, que cubre los municipios de Angostura, Salvador Alvarado, Guasave, Mocorito y Sinaloa de Leyva. Previamente se realizó la construcción de un edificio, el cual cuenta con instalaciones modernas, cómodas, amplias y propicias para realizar adecuadamente toda la gestión institucional del proceso acusatorio. Las salas de juicio oral, las salas de mediación, el área de periciales y policía investigadora, el restaurant, todo el edificio de buena calidad arquitectónica para su cometido.

V. Resultados de un año de implementación del sistema acusatorio en Sinaloa y su análisis

A un año de la implementación del sistema procesal penal acusatorio que inició en la región del Évora el 15 de octubre de 2014, y que posteriormente la región norte del estado inició el 1° de junio de 2016, veremos los resultados que arroja la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, ante los números fríos y las expectativas que se tenían antes de su implementación.

Para ello, ponemos a la vista las estadísticas que surgen desde la misma Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, para hacer un ensayo de análisis de estos resultados, bajo una lente objetiva desde la opinión académica, en esta transición de un viejo y agotado sistema que tradicionalmente se ha tenido en México, en contraste con este nuevo modelo de proceso penal acusatorio y así ponderar sustantivamente los alcances parciales de este ejercicio que cumple un año de operatividad en nuestra entidad de Sinaloa, en lo que respecta a las salidas alternativas de solución de controversias.

Antes de anotar los resultados y el análisis de la implementación de las salidas alternas en materia penal en Sinaloa, me permito platear un comentario para entender la eficacia y el alcance de los mecanismos alternativos de solución de controversias de estas nuevas figuras procesales penales que son los acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso, cuyo eje central reside en la participación voluntaria de la víctima e infractor penal, donde cada uno asuma su responsabilidad social de llegar a un acuerdo y dar por terminado el conflicto de manera restaurativa, y sus efectos son gratificantes a niveles de reconstruir el tejido social y ver hacia un futuro mejor, en esa tesitura anotamos el comentario de Hidalgo Murillo:

La experiencia latinoamericana nos permite informar que sólo admitir el perdón –que ofrece el imputadoes, para la víctima, un modo de complacencia ante el sistema de administración de justicia. Con mayor razón lo es cuando el imputado asume, hacia ella, otros compromisos reparatorios. Pero, de mayor gratificación lo es, cuando el imputado se compromete en presencia de la víctima, no tanto a pagar o reparar para ella, sino, hacia la sociedad y hacia él mismo, cuando por ejemplo, admite finalizar su educación, adquirir un trabajo, iniciar su capacitación en un conocimiento técnico, arte u oficio, someterse a un tratamiento psicológico, psiquiátrico o contra el consumo de drogas y/o alcohol; cuando asume obligaciones laborales y con su propia familia, etc., cualquier compromiso es mayor que la privación de libertad, sin compromiso alguno.

El comentario anterior nos mueve sensibilidades y comprometidos para divulgar, impulsar, comprender y proponer un cambio cultural hacia un mundo mejor, viendo en las metodologías de la mediación y conciliación, herramientas con las que el conflicto criminal, prima facia, sea tratado como un conflicto humano, y de no haber voluntad y responsabilidad de restauración, entonces la controversia sea tratada como un conflicto jurídico donde se violentó una norma penal y llevarlo al proceso con todos los efectos que esto conlleva. Por esta razón, nuestro análisis y críticas sobre el manejo que se le dan en Sinaloa, son propositivas para efecto de cumplir con su fundamento filosófico.

Región Centro Norte, 15 de octubre 2014 al 08 de octubre 2015 y región Norte a partir del 1° junio de 2015, ambas regiones hasta el 15 de octubre de 2015.

TABLA 1



TABLA 2 MASC





Podemos observar de los resultados estadísticos, que aparentemente hay una congruencia en las perspectivas esperadas, iniciamos con la premisa inicial, donde se proyectaba que muy pocas causas penales se llevarían a la etapa de juicio oral, sin embargo, vemos de los resultados que escasamente hubo cinco casos de juicio oral, el porcentaje nos parece extremo por la siguiente razón: Hubo 1077 acuerdos reparatorios, le agregamos 236 casos de vinculación a proceso, suman 1313 casos, de los cuales solo se llevaron 5 a la etapa de juicio, nos arroja un porcentaje de 0.003% lo cual nos parece extremo, sin considerar aquellos delitos de gravedad que están en investigación y no se han llevado al proceso.

Un dato eminentemente que hay que valorar, es el número de asuntos donde se lograron acuerdos reparatorios ante la aplicación de los MASC, con las metodologías de la mediación o conciliación, en tanto que de 1658 que se aplicaron, se obtuvieron 1077 que llegaron a acuerdos reparatorios, esto nos arroja un 64.9%, lo cual es aceptable de acuerdo a los parámetros nacionales.

En contraste, en la suspensión condicional del proceso se aplicó de la siguiente forma; de 236 causas llevadas a vinculación a proceso, 165 se vinculó sin prisión preventiva y de todas estas, en 139 casos se les aplicó la suspensión condicional de proceso, es decir el 84%, resultado muy alentador.

Otro dato interesante, es el referente a la aplicación de procedimiento abreviado en este año de implementación parcial en Sinaloa, tenemos que de las 236 causas que llegaron a vinculación del proceso, se aplicó el procedimiento abreviado en 19 causas con sentencia condenatoria, que se considera algo bajo de acuerdo a los parámetros nacionales.

Resulta interesante, que de la estadística en análisis, en ninguna causa criminal se haya aplicado criterio de oportunidad por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La proyección de la política criminal de las reformas, planteaban la utilización de esta figura procesal buscando descongestionar el sistema, de manera selectiva y discrecional por las procuradurías. Agregamos a esto, que se le otorgan facultades de ley al Procurador, para dirigir una política de aplicabilidad de este mecanismo. En ese sentido, consideramos que fue cautelosa la política del Procurador para que sus agentes del Ministerio Público utilizaran los criterios de oportunidad, por lo que optaron aplicar otros instrumentos procesales de manera subsidiaria, como el proceso abreviado o la suspensión condicional del proceso, protegiendo la imagen de la institución, ya que los criterios de oportunidad se aplican bajo la decisión discrecional selectiva de la procuraduría, que en el uso y abuso de esta figura, pueden presentarse actos de corrupción.

VI. Conclusión

De las estadísticas proporcionadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, encontramos una política criminal aceptable en cuanto a la utilización de las salidas alternas de solución de controversias, en el marco de la implementación del sistema acusatorio, destacamos que hay una cantidad importante de casos que se resuelven por acuerdos reparatorios antes de pasar el caso a la judicialización. Por otra parte, observamos que hace falta la divulgación y conocimiento social sobre las bondades en la utilización principalmente de la mediación, como la salida alterna de mayor eficacia para resolver controversias, para que se genere con ello un cambio cultural hacia un nuevo paradigma de la paz y la concordia, e ir dejando atrás la cultura del enfrentamiento y la retribución necesaria en un conflicto criminal, esa tarea es principalmente de los tres niveles de gobierno.

Habrá que realizar un estudio de campo, para conocer la opinión de los ciudadanos justiciables que estuvieron involucrados en la aplicación de las salidas alternativas en este sistema acusatorio, que al conocer su percepción, se buscarían las adecuaciones operativas institucionales para obtener mejores niveles de justicia.



LAURO JULIO RODRÍGUEZ ESPARZA

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